El camino que emprende una persona tras la desaparición de un ser querido es una de las experiencias más devastadoras y complejas que puede enfrentar el ser humano.

Durante los últimos años, Matilde Domínguez Cornejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ha dado a la tarea de escuchar numerosos testimonios de personas que buscan a un familiar perdido, relatos que dan cuenta de la violencia burocrática y los obstáculos que enfrenta la identificación forense, y que suelen estar atravesados por el duelo, la memoria, el género y los cuidados.

Conversé con Matilde una tarde de agosto en su cubículo del IIS-UNAM, en Ciudad Universitaria, es un tema complicado, con una larga historia marcada por esfuerzos y aprendizajes, me expresa la académica. En el pasado la desaparición de personas se daba en el contexto de la guerra sucia y la violencia de Estado, pero a raíz de la crisis de desapariciones de 2006, “los colectivos de búsqueda se empezaron a organizar por ahí de 2007-2010, entonces llevamos muchos años ya de organización y de aprendizaje”, señala la investigadora.

La desaparición de personas ha sido descrita por la Red Lupa, una organización ciudadana de monitoreo, evaluación e incidencia informada, quienes han documentado que al 16 de mayo de 2026, el número de casos en México alcanzó los 134,257. Más allá de los números, durante nuestra charla la investigadora me cuenta que “el hecho traumático de una desaparición modifica la vida de una familia y también de una comunidad, pero no quiere decir que antes no hubiera otros tipos de violencia”.

Enfrentar una desaparición implica, entre muchas cosas más, una afectación emocional difícil de ponderar. En los años ochenta, la investigadora de la Universidad de Minnesota, Pauline Boss, ya había descrito el profundo impacto que genera perder un familiar y no saber dónde está, ella propuso el concepto de la pérdida ambigua, cuando un miembro de la familia está físicamente ausente pero psicológicamente presente, y al revés, lo que incide en la salud mental de quien busca y no encuentra, quienes sufren un estrés y una ansiedad constantes ante una pérdida ambigua, una incertidumbre que comparten miles de familias que buscan a sus seres queridos en México.

Matilde me ha descrito que las desapariciones se han extendido tanto que han trastocado a personas de varias generaciones, quienes han desarrollado conocimientos para sobrevivir esta experiencia traumática, pero también se han organizado para impulsar cambios institucionales. “Hay un contexto histórico, ahora está la ley de desaparición de 2017, que costó muchos años construir y tuvo mucha incidencia, hay organizaciones civiles, hay investigación académica, más apertura y es más fácil involucrarse porque hay un camino recorrido”, me expresa Matilde Domínguez.

La investigadora del IIS-UNAM también me explica que, una persona que pierde y busca a un familiar atraviesa por transformaciones multidimensionales: “algunas viven muchas depresiones, algunas están medicadas, otras tienen problemas de salud postraumáticas, o viven una revictimización”, y me comenta que, paradójicamente, en algunos casos encuentran un alivio, ya que muchas asociaciones ofrecen capacitación en derechos humanos o leyes, “entonces, eso genera una movilidad subjetiva en donde una mujer al salir de eso, encuentra que tiene una voz, una capacidad de agencia, y eso es impresionante”.

Algo que le llama la atención a Matilde Domínguez es la manera en que este fenómeno ha incidido en la formación profesional de quienes han vivido una desaparición cercana: “si hace 20 años ya desaparecía gente, pues imagina el caso de una persona que dejó a un niño de un año, hoy sería un adulto de 21 años, y he visto que eligen estudiar carreras como antropología, arqueología o cuestiones forenses porque cargan con un evento traumático que no ha tenido solución”, comenta la investigadora, y agrega que, lamentablemente, en la actualidad muchas personas universitarias tienen un familiar desaparecido.

Un estudio titulado Impacto psicosocial de la desaparición forzada. Una visión de las madres que buscan a su ser querido, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, analizó los casos de 10 madres buscadoras del Estado de Coahuila, y describió que las mujeres se enfrentan a cambios de hábitos y costumbres, a una búsqueda activa, a evasión, síntomas psicosomáticos, negación, pero también suelen recibir capacitación, unirse a un colectivo y buscan apoyo profesional.

Durante nuestra conversación, Matilde Domínguez me explica que otra de las cargas que viven quienes buscan a un familiar desaparecido es la imposición casi automática de una responsabilidad política y social. Especialmente cuando quien busca es mujer, se le exige rendir cuentas y se la obliga a llevar una responsabilidad que no le corresponde, un escenario que deja ver la desigualdad: “el Estado patriarcal deja en ellas la justicia, y se les pregunta ¿usted qué investigó? Si ya sienten culpa porque la sociedad les dice: ¡no cuidaste bien a tus hijos!, a la culpa se le suma la carga de la búsqueda de justicia”.

Las familias buscadoras deben encarar la dura realidad de que en México, la probabilidad de obtener justicia es mínima. Los servicios periciales están completamente rebasados por la cantidad de casos diarios, Matilde me expresa una preocupación: “ninguna fiscalía del mundo es capaz de procesar un día en el que se presentan 20 asesinatos, imagina algunas ciudades de México que alcanzan los 100 o 150 semanales”.

Aunque sería ideal encontrar un mecanismo que permita transformar la política pública para mejorar esta dolorosa situación, Matilde Domínguez me explica que el problema es mucho más complejo, “hay muy pocos especialistas en el mundo para identificar personas, no sólo es problema de México en su contexto de violencia”, y agrega que el proceso se complica aún más tras la transición del sistema de justicia inquisitorio al acusatorio. En este nuevo modelo, “tiene que haber pruebas periciales, y el científico perito se convierte en aquel que va a decir cómo fue la mecánica del delito. Aquí en México no es tan fácil que funcione así”.

La investigadora me explica que las políticas podrían priorizar atender las desapariciones y los homicidios a través de la prevención y el cambio de la política de seguridad pública: “si a estas alturas nos llegan noticias de que en una camioneta desaparecieron 15 personas, no hay manera de que allí pueda haber una reconciliación social”.

Otro de los retos más complejos, es cuando el diseño de una misma política no puede extrapolarse a los diferentes contextos del mismo país. La investigadora del IIS, explica que en México “se tendría que hacer estado por estado y en particular también atender los procesos de memoria, los procesos subjetivos y tratar de comprender que, en términos jurídicos, hay cuestiones que no pueden replicarse en todo el país”.

Esa tarde de agosto, mientras terminamos nuestra charla, en México el doloroso problema de las desapariciones continuaba. Tanto en 2024 como en 2025, se superaron los 12 mil casos, según los reportes de la Red Lupa, que identifican una tendencia sostenida de casos en 2026. Para Matilde Dominguez, la situación es tal que “hay que pensar en otras formas y mecanismos de reconciliación y memoria que no apunten solo a un cuerpo material; si no, se abre un lugar de repetición infinito que, para la situación de México, es inconmensurable”.